Documento
del 25 de Agosto de 1971.
I)
Las medidas que tomará el Frente Amplio
al asumir el gobierno, responden a los criterios
fundamentales que conducen su política,
su origen y razón de ser. No son medidas
aisladas, sin que se enmarcan dentro de la
estrategia general y de largo plazo que surge
de las Bases Programática aprobadas
el 17 de febrero de 1971, en función
de reconstruir el Uruguay, salvar crisis que
atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida
nacional.
Los objetivos de dichas bases tienen como
sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores
condiciones para alcanzar la plenitud de su
realización humana, levantando su nivel
de vida y su formación cultural, obteniendo
una completa participación en la sociedad
uruguaya y en su gobierno.Para esto el Frente
Amplio se propone potenciar al máximo
la capacidad de trabajo y creación
del pueblo, para superar el estancamiento
económico y el escepticismo en las
posiciones del país, y lograr su recuperación
sobre bases de justicia social y libertad.
El eje fundamental para realizar esos propósitos
es la continua participación popular
en el proceso de transformaciones económicas,
políticas y sociales necesarias. Desde
su constitución, el Frente Amplio ha
mostrado ese rasgo profundamente democrático
y excepcional en la vida política actual
uruguaya, y es esa participación popular
la que constribuirá decisivamente a
la creación del nuevo Uruguay.
Las Bases Programáticas señalan
cuatro medidas fundamentales a adoptar, como
pilares del proceso transformador:
a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales
rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial
del Estado, incluyendo la nacionalización
de la industria frigorífica.
Ellas son esenciales para iniciar el proceso
de cambio social, porque enfrentan a los grandes
grupos económico-financieros nacionales
y extranjeros responsables de la crisis estructural
del país.
II)
En la coyuntura actual, cuando el Uruguay
vive en clima de violencia en todos sus niveles
y una grave paralización de sus energías,
de la iniciativa y de la confianza del pueblo,
el Frente Amplio quiere abrir el más
ancho cauce a la esperanza, una esperanza
eficiente.
1. Restablecer el estado de derecho.
2. Defender la soberanía nacional y
obtener la independencia económica
aplicando internamente los capitales creados
por el trabajo nacional, poniéndolos
al servicio del crecimiento de la producción
y la mayor ocupación y evitando sus
distintas formas de traslado al exterior.
3. Iniciar el proceso de transformaciones
estructurales para alcanzar una mayor capacidad
productiva y hacer irreversible el cambio
social en beneficio del pueblo uruguayo.
4. Redistribuir el ingreso en favor a los
grupos sociales más afectados por la
crisis actual.
5. Hacer efectivo el derecho al trabajo logrando
la máxima ocupación de la población
en las actividades productivas.
6. Elevar el bienestar social, resolviendo
los angustiosos problemas de la salud, la
vivienda y la educación.
7. Pacificar el país.
8. Sanear la Administración Pública
y dar participación, en ella, a los
sectores populares.
III)
Para alcanzar esos objetivos el Estado desempeñará
un papel esencial en el proceso económico.
Tendrá una directa participación
en la acumulación de capital, imprescindible
para el desarrollo, y en lo inmediato, para
la reactivación económica del
país. Para ello deberá desempeñar
una gestión activa y eficiente, que
se alcanzará a través de la
participación directa de los trabajadores
en su dirección.
Se crearán los mecanismos de planificación
que determinen las formas y destinos de la
inversión y que aseguren la coherencia
de las políticas de precios, créditos,
tributación y salarios.
IV)
En consecuencia, el Frente Amplio adoptará
las siguientes primeras medidas:
Restablecimiento del Estado de Derecho
1 - Restableceremos el Estado de Derecho con
el levantamiento de las Medidas Prontas de
Seguridad y la plena vigencia de las libertades,
derechos y garantías constitucionales
y legales.
Defensa de la soberanía nacional. Obtención
de la independencia económica
e iniciación del proceso de transformaciones
estructurales
2 - Denunciaremos las Cartas de Intención
vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional
y otros acuerdos lesivos para la soberanía
nacional.
Negociaremos la deuda externa, para postergar
los pagos y eliminar sus condiciones abusivas.
En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas
unilaterales que correspondan.
Anularemos los contactos petroleros cuya aplicación
supedita la ANCAP a los trust imperialistas.
Promoveremos una política energética
que permita responder a las necesidades del
desarrollo, procurando la independencia del
país en el abastecimiento de energía.
3 - Propiciaremos relaciones diplomáticas,
comerciales y culturales con todos los países,
en particular con la República de Cuba,
único país latinoamericano con
el que están interrumpidas.
4 - Intervendremos la banca privada, utilizaremos
la legislación vigente mientras se
procesa su nacionalización. Esto asegurará
una política selectiva y supervisada
del crédito que atienda las necesidades
de los principales rubros de producción
del agro y de la industria, pudiendo acceder
al mismo los pequeños y medianos productores
y comerciantes. De este modo se hará
óptimo el empleo nacional de los ahorros
asegurando así la efectiva erradicación
de los canales bancarios y parabancarios.
Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal
de los seguros.
5 - Estableceremos el monopolio estatal de
las diversas, que aseguren su mejor percepción
y más adecuada utilización,
en beneficio de la producción y el
consumo imprescindible, restándolas
completamente de los círculos especuladores
e impidiendo la evasión de capitales.
6 - Intervendremos, con aplicación
de la legislación vigente, las empresas
de exportación (industria frigorífica,
barracas de lanas y frutos del país),
como paso previo a la nacionalización
del comercio exterior. Esto asegurará
el ingreso total de divisas por concepto de
exportaciones, mejor defensa de los precios
de estos productos, y permitirá inmediatas
negociaciones con distintas áreas,
tendientes a incrementar el comercio exterior
sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante
acuerdos bilaterales.
7 - Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria,
presentando de inmediato el proyecto de ley
correspondiente. Hasta su sanción,
utilizaremos la ley de creación del
Instituto Nacional de Colonización,
dando participación en su Directorio
a los pequeños y medianos productores,
asegurando a éstos el asentamiento
en la tierra y, con la colaboración
de la Universidad de la República,
brindando la asistencia técnica que
procure una acción planificada en favor
del productor y del país. Promoveremos
en un plazo de 120 días, la sanción
de una ley de arrendamientos rurales que contemple
la situación de arrendatarios y propietarios
de condición modesta. Hasta entonces,
se suspenderán los desalojos rurales.
Iniciaremos un proceso de redistribución
de tierras y fomentaremos la formación
de cooperativas entre los pequeños
y medianos productores rurales.
Fijaremos los precios de los principales productores
agropecuarios, asegurando su cumplimiento
mediante el poder comprador del Estado.
Aseguraremos créditos y pago al contado,
atendiendo especialmente a los pequeños
y medianos productores.
Tomaremos medidas apropiadas para impedir
el contrabando de ganado y de lanas.
8 - Impulsaremos la creación de una
flota del Estado, adquiriendo con prioridad
barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos
la Marina Mercante Nacional.
Redistribución del ingreso
Las medidas de redistribución del ingreso,
además de sus objetivos sociales, propenderán
a una reactivación económica
a través del aumento de las demandas
internas que permita el uso de la capacidad
instalada y no utilizada en los distintos
sectores de la producción, principalmente
en la industria. Esta política contribuirá
a aumentar la ocupación de la mano
de obra y la producción.
Dichas medidas serán:
9 - Acumularemos los sueldos y salarios del
sector privado, urbano y rural, y de los funcionarios
públicos, para, como mínimo,
restablecer el poder adquisitivo previo a
la congelación de salarios en acuerdo
con las organizaciones de los trabajadores
y en el marco de la planificación.
Derogaremos la ley de COPRIN y crearemos la
Junta Nacional de Salarios. Los objetivos
primordiales en materia de retribuciones,
serán fijar el salario mínimo
nacional y establecer para todos los sectores
una política salarial más justiciera,
basada en el principio de, «a igual
trabajo, igual salario», para hombres,
mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento
del hogar constituido y las asignaciones familiares.
10 - Pagaremos la deuda que el Banco de Previsión
Social tiene con los jubilados y pensionistas
por un régimen de cuotas a partir de
abril de 1972.
Aumentaremos las jubilaciones y pensiones
más reducidas, congelaremos las más
elevadas, eliminaremos los regímenes
de privilegios y perfeccionaremos los especiales.
Promoveremos la reestructuración de
la previsión social que agilite los
trámites y haga posible adelantos jubilatorios,
particularmente a aquellos beneficiarios con
más de 60 años de edad.
Se realizará un escrito control del
cumplimiento de las obligaciones de las empresas
con el Banco de Previsión Social con
la aplicación de sanciones penales
para las grandes patronales que retengan indebidamente
los aportes de los trabajadores.
11 - Ajustaremos de inmediato los mecanismos
de la administración fiscal que permitan
una efectiva recaudación especialmente
de los impuestos que gravan los altos ingresos
y la acumulación de capital.
Iniciaremos una reforma radical del régimen
tributario de modo que promueva la distribución
progresiva de la renta nacional y fomente
el desarrollo de las actividades productivas.
12 - Aseguraremos el poder de compra de la
población y el abastecimiento adecuado
de los artículos de consumo popular,
aplicando la ley de subsistencia, fijando
y controlando precios y eliminando la intermediación
parasitaria. Se constituirán inmediatamente,
a estos efectos, organismo de control popular,
integrados por productores y consumidores.
Hacer efectivo el derecho al trabajo
La efectividad del derecho al trabajo, surgirá
de la política agropecuaria, que asegure
la permanencia en la tierra de los productores
medianos y pequeños y de los trabajadores
del campo y el aumento de la producción
y la productividad, de la reactivación
e intenso desarrollo de la industria, como
consecuencia del aumento de la exportación
y de la demanda interna, de la ejecución
de un plan de obras públicas, así
como de la creación de nuevas fuentes
de trabajo. A esos efectos:
13 - Promoveremos la plena utilización
del equipo instalado de las industrias fundamentales
(frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica
y otras).
Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias,
particularmente la pesquera y sus derivadas.
Promoveremos la prospección y la explotación,
en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo.
14 - Aceleraremos la aplicación de
la ley nacional de viviendas atendiendo sus
aspectos de mayor interés social. Facilitaremos
y estimularemos la construcción de
viviendas por los vecinos dando prioridad
a los regímenes de subsidios, cooperativas
de ayuda mutua, y regulando el precio de los
terrenos destinados a la construcción
habitacional para eliminar la especulación.
Elevación del bienestar social
La elevación del nivel de bienestar
social resultará de las medidas que
crean fuentes de trabajo y redistribuyen el
ingreso. Pero éstas deben ser complementadas
por otras específicas, por cuanto la
tarea de liberación nacional y de desarrollo
exige el concurso de todas las energías
de nuestro pueblo y es necesario resolver
los déficit sociales actuales en materia
de salud, educación y vivienda.
15 - En tanto se procesa el establecimiento
del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos
la atención de la salud de la población,
a través de la reorganización
del Ministerio de Salud Pública y de
la iniciación del proceso de coordinación
de todos los recursos preventivos y asistenciales
existentes en el país.
16 - Instalaremos policlínicas con
consultorios materno-infantiles en barrios
y centros poblados, utilizando las sedes de
organismos estatales y sociales o construyendo
locales adecuados. Prestaremos preferente
atención a la asistencia médica
en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento
de medicamentos, abaratando su costo e impulsando
su producción por organismos públicos.
17 - Reintegraremos a la escuela a los niños
en edad escolar que no hayan completado el
ciclo.
Realizaremos un campaña de alfabetización
con participación activa y voluntaria
de los educadores, estudiantes y pueblo en
general.
Promoveremos la sanción de las leyes
orgánicas que resuelvan los problemas
institucionales de la educación primaria,
media y física.
Fomentaremos la educación física,
creando campos deportivos en cada barrio y
centro poblado y concertando convenios con
las instituciones deportivas privadas, a fin
de que la Comisión Nacional de Educación
Física comparta la utilización
de us instalaciones.
18 - Promoveremos la sanción de un
ley de medios de comunicación que proteja
el trabajo nacional, garantice la información
objetiva, asegure la defensa de la cultura
nacional y la disponibilidad equitativa de
espacios para todas las organizaciones políticas,
sindicales, culturales y religiosas.
Fomentaremos y protegeremos la industria nacional
del libro. Crearemos una editorial del Estado,
dedicada fundamentalmente a la impresión
de textos didácticos y obras de autores
nacionales.
19 - Aseguraremos medios litro de leche diaria
a cada niño. Entregaremos los rubros
necesarios para asegurar a los escolares la
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado,
libros y útiles, así como primera
asistencia médica y odontológica.
Reestructuraremos el Consejo del Niño
en todas sus dependencias y sanearemos su
administración. Combatiremos la explotación
infantil.
Ubicaremos en la residencia presidencial de
la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones
para niños.
20 - Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios
y con activa participación popular
los centros de barrio que comprendan biblioteca,
salas culturales, guardería, jardín
de infantes, expendidos, lavadero y otros
servicios.
Incrementaremos en todo el país los
comedores populares a través del Instituto
Nacional de Alimentación.
21 - Promoveremos la sanción en el
plazo de 120 días a contar de la instalación
de este gobierno de una ley de alquileres
que contemple los intereses de los inquilinos
y propietarios de condición modesta;
hasta tanto se suspenderán los desalojos
y lanzamientos.
22 - Aseguraremos transporte eficaz a los
habitantes de villas y pueblos cercanos a
Montevideo. Pondremos en marcha un plan de
recuperación de AFE y PLUNA que aseguren
servicios adecuados.
Pacificación del país
23 - Restituiremos a sus lugares de trabajo,
con todos sus derechos a los destituidos,
suspendidos y traslados por medidas persecutorias,
con reparación de las sanciones y perjuicios
económicos.
24 - Promoveremos la sanción de una
ley de amnistía para lograr la libertad
de todos los presos políticos, que
permita reintegrar a la convivencia política
legal a todos los sectores de la sociedad.
Restituiremos la plena vigencia del derecho
de asilo político.
25 - Reorientaremos el instituto policial
a las características civiles y predominantemente
preventivas de sus cometidos, quitando a la
función policial su carácter
represivo de los movimientos populares. Destinaremos
los medios de comunicación y transporte
utilizarse para la represión del pueblo
al servicio de la salud, la educación
y otras necesidades sociales.
Participación Popular y saneamiento
de la administración pública
La ejecución de todas las medidas anteriores,
exige la continua participació popular
en el proceso de construcción de la
nueva sociedad, como asimismo la moralización
de la función pública.
Aquella participación y la moralización
que se señala, tomarán múltiples
forma y con varios mecanismos:
26 - El 1º de marzo de 1972, designaremos
el Directorio del Banco de Previsión
Social, incluyendo en el mismo a los delegados
de las organizaciones más representativas
de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores
y de los empresarios.
27 - En la misma fecha designaremos los Directorios
de los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes
electos por los trabajadores de dichos organismos.
Iguales criterios se aplicarán en el
caso del Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria y Normal y otros organismos similares.
28 - Aplicaremos una política que suprima
privilegios y logre economías en la
conducción de gobierno. Eliminaremos
toda forma de remuneración de los cargos
electivos, políticos y de confianza,
que signifique una situación de privilegio.
29 - Reestructuraremos el servicio exterior,
tanto en lo administrativo como en la designación
de los funcionarios políticos del mismo,
para transformarlo en un instrumento eficaz
para la defensa de los intereses políticos
y económicos de la República.
30 - Ninguna persona puede ser candidato del
Frente Amplio, sin presentar declaración
jurada abierta de bienes e ingresos: un régimen
similar aplicaremos en la designación
de funcionarios de confianza.
Crearemos los mecanismos legales que impidan
toda forma de implicación entre el
desempeño de cargos públicos
e intereses privados, así como el uso
de cargos públicos con fines de aprovechamiento
personal.
V
Estas primeras medidas son un compromiso político
que asume públicamente el Frente Amplio
como punto de partida de su plan de gobierno
y que marcan el estilo de éste.
Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso
y sacrificado no sólo de los gobernantes
sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrifico
son el precio que se logren los cambios estructurales,
capaces de asentar sólidamente la prosperidad
de la nación y el bienestar de sus
habitantes. El Frente Amplio entiende que
la activa participación popular, a
través de los Comités de Base,
los sindicatos y otras organizaciones constituye
la garantía de la realización
del plan y del control de los gobernantes
que deben ejecutarlo.
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